El caso partía de un expediente sancionador en el que la autoridad de competencia investigaba la posible existencia de un cártel en un mercado industrial. La controversia giraba, principalmente, en torno a si la dinámica comercial observada (especialmente en precios, descuentos y adjudicación de proyectos) era compatible con un entorno de libre competencia, o si, por el contrario, reflejaba coordinación entre operadores.

En una primera fase, martinsdelima elaboró un informe económico para su presentación ante la CNMC, centrado en someter a prueba (con evidencias cuantitativas) los elementos que normalmente sustentan una acusación de cártel. El punto de partida fue el análisis de dispersión de descuentos y su comportamiento, con el objetivo de discernir si los patrones eran plausibles bajo competencia o si podían ser consistentes con un acuerdo. Asimismo, se evaluó la verosimilitud de un supuesto reparto de proyectos y las características competitivas de los actores del sector.

A la vez, el informe abordó un aspecto clave para cualquier expediente de competencia: delimitar el perímetro efectivamente afectado, tanto en términos de facturación como de márgenes, y construir una lectura económica coherente de cómo se forman y negocian las condiciones comerciales en este tipo de mercado (incluyendo el papel de referencias, cotizaciones y descuentos).

En una segunda fase, ya en sede judicial, martinsdelima preparó un informe específico para su presentación ante la Audiencia Nacional, enfocado en el análisis crítico de la Resolución del expediente. En esta etapa el objetivo fue rebatir y contrastar técnicamente los argumentos esenciales de la Resolución, revisando si el razonamiento económico era consistente y si la multa resultaba adecuada o merecía corrección desde un punto de vista económico-pericial.

Además, en coherencia con el análisis de la conducta y sus posibles efectos, el trabajo incorporó una revisión orientada a identificar el posible sobrecoste y, cuando procedía, su eventual repercusión (pass-on) hacia la cadena de distribución, con el propósito de contrastar la lógica económica del daño con la construcción del expediente y su resolución, siempre desde un enfoque pericial, verificable y defendible.

En cuanto a la metodlogía aplicada, seguimos los siguientes pasos,

(i) Análisis de competencia y test de plausibilidad del cártel: evaluación de la dispersión de descuentos, lectura de la estructura competitiva y contraste de hipótesis (competencia vs. coordinación), incluyendo la verosimilitud del reparto de proyectos y el análisis de competidores.

(ii) Construcción de un escenario “sin conducta” (contrafactual): estimación de un precio razonable de mercado en ausencia del supuesto cártel, apoyado en comparativas y en la relación entre precios, referencias y principales costes.

(iii) Revisión técnica de la Resolución y del cálculo sancionador: contraste de consistencia económica, identificación de puntos débiles/controvertidos y valoración de si la multa se sostiene con la lógica económica expuesta.

(iv) Enfoque de trazabilidad: hipótesis explícitas, pasos reproducibles y argumentación orientada a que el análisis sea auditable por terceros (autoridad, tribunal y contraperitos).

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El valor diferencial de martinsdelima en este asunto fue construir una defensa basada en economía aplicada y evidencia, no en afirmaciones genéricas: ordenamos el expediente en preguntas económicas verificables, cuantificamos lo relevante (precios, descuentos, perímetro, coherencia) y convertimos un caso complejo en una narrativa técnica clara, útil tanto para la fase administrativa (CNMC) como para la fase judicial (Audiencia Nacional). El resultado fue un trabajo especialmente robusto y persuasivo: coherente en la teoría económica, consistente en los datos, y diseñado para sostenerse bajo escrutinio en procedimientos de alta exigencia.