Un grupo familiar con múltiples sociedades detectó incoherencias graves en la información recibida sobre sus posiciones financieras y la evolución de sus inversiones. La problemática, según se describe en el informe, se enmarcaba en una operativa de gestión de facto por parte de un gestor, con un margen de actuación muy amplio sobre compras y ventas de activos, que terminó derivando en un esquema de ocultación y manipulación de la realidad económica.
El núcleo del caso fue que, para sostener el funcionamiento del sistema, el gestor habría ocultado pérdidas y, cuando existían rendimientos en determinadas cuentas, no los comunicaba para utilizarlos como “mecanismo de compensación” frente a pérdidas de otras posiciones. La consecuencia directa fue una distorsión continuada de la información facilitada al cliente, apoyada en la emisión de documentación con resultados aparentes no consistentes con la realidad.
Además, el informe identifica un elemento especialmente relevante en penal económico: la existencia de una cuenta bancaria “oculta”, desconocida para los titulares, desde la cual se habrían ejecutado movimientos sin conocimiento ni control del cliente. Precisamente por ese desconocimiento, el análisis pericial considera que los movimientos realizados desde esa cuenta se imputan como perjuicio al no haber posibilidad de autorización informada por parte del titular.
La operativa no se limitaba a simples cargos o retiradas: se describen movimientos entre cuentas, operaciones con derivados, y entradas/salidas tanto hacia los propios titulares como hacia terceras personas (otros clientes), además de conceptos accesorios como comisiones e intereses. Esa realidad es clave porque permite explicar por qué un enfoque global o parcial puede fallar: parte del “vacío” de una cuenta puede estar vinculado a traspasos y saneos entre clientes que, si no se reconstruyen, dejan el análisis incompleto.
Frente a informes externos basados en estimaciones agregadas, martinsdelima trabajó la defensa técnica del caso señalando puntos críticos: cambios en la muestra de perjudicados que distorsionan proporciones, cálculos globales no individualizados (con reconocimiento explícito de falta de precisión a nivel individual), y subestimaciones por no contemplar operaciones cruzadas entre clientes y centrarse solo en lo que termina en el patrimonio del gestor.
La metodología de martinsdelima se basó en una reconstrucción forense y trazable:
(i) clasificación de movimientos por tipología (operaciones reconocidas vs. no reconocidas),
(ii) separación entre cuenta visible y cuenta oculta, y
(iii) segmentación de entradas/salidas por naturaleza (derivados, traspasos, comisiones, etc.) para identificar qué era autorizable y qué no.
En paralelo, se revisó el cumplimiento documental exigible en la contratación de derivados (proceso, documentación y lógica de idoneidad/conveniencia), reforzando el análisis técnico de la operativa compleja y sus riesgos. El resultado fue una posición pericial sólida, defendible y comprensible, que permitió sostener una cuantificación fundamentada y, sobre todo, desmontar las debilidades metodológicas de aproximaciones agregadas: cuando se baja al detalle, se ven las transferencias, asignaciones y circuitos que explican la realidad económica del caso.