En este asunto, martinsdelima intervino como perito económico independiente para analizar y cuantificar el impacto económico derivado de una conducta de competencia desleal en la que un ex directivo, junto con un tercero, habría sustraído y utilizado información confidencial con el fin de replicar una línea de negocio de la compañía afectada. El encargo consistía en traducir un conflicto “de conducta” (apropiación de información y conocimiento) en consecuencias económicas concretas, trazables y defendibles.

El núcleo del caso no era únicamente la salida del profesional, sino el uso de conocimiento acumulado y materiales internos para montar una unidad competidora “clonada” y acelerar su entrada en el mercado. En este contexto, la ventaja competitiva no se construía desde cero, sino a partir de modelos operativos, documentación e información estratégica que normalmente requieren años de inversión y aprendizaje para consolidarse.

A partir de la documentación analizada (incluida la incorporada en la querella y soportes periciales asociados), el informe identificó los mecanismos de daño más relevantes desde el punto de vista económico: captación/trasvase de clientes, copia de la unidad de negocio, uso de datos de clientes actuales y potenciales, y captación de empleados y del conocimiento/experiencia asociado.

En paralelo, se abordó un elemento especialmente sensible en casos de competencia desleal: el efecto organizativo interno. Cuando una unidad pierde de forma súbita parte del equipo y, simultáneamente, aparece un competidor con “know-how” equivalente, el impacto no se limita a los clientes que se van, sino que afecta al crecimiento natural y a la capacidad de seguir desarrollando cartera con normalidad. Esa pérdida de tracción, por necesidad de recomponer estructura y por la presión de un nuevo competidor “replicado”, es uno de los puntos donde un análisis económico sólido marca la diferencia.

Con ese marco, martinsdelima estructuró la cuantificación del perjuicio en partidas claras y auditables. Entre otras, se consideraron daños por trasvase de clientes, crecimiento truncado del negocio, costes de sustitución por pérdida de empleados y posibles indemnizaciones vinculadas a cláusulas contractuales. El objetivo era que cada componente estuviera sustentado en hechos y relaciones económicas comprensibles para terceros, evitando conclusiones “de caja negra”.

La metodología se apoyó en un enfoque de trazabilidad completa:

(i) identificación de los hechos relevantes y del material presuntamente utilizado;

(ii) diseño de un esquema de daños coherente con esos hechos; y

(iii) cuantificación separada de los efectos ya materializados (daño emergente) y de los efectos sobre la actividad que razonablemente se habría generado en ausencia de la conducta (lucro cesante), además de los costes necesarios para recomponer la unidad afectada.

Este enfoque permitió construir un informe técnicamente robusto, ordenado y defendible, que convierte un caso complejo en una reclamación económica clara y bien fundamentada.